Un nuevo informe de Intermón Oxfam, sobre empresa y derechos humanos, constata prácticas a mejorar de compañías como Pescanova, Ebro Foods, Agrogeba e Hidralia
El nuevo marco normativo brinda una
oportunidad única a empresas y Gobierno para que la inversión privada en el exterior sea responsable
La actuación de muchas empresas en el exterior, tiene impacto negativo sobre la población local.
"Con una inversión responsable ganamos todos: la empresa será mejor valorada y con ello aumentarán sus ventas; el Gobierno obtendrá la mejor carta de presentación de España ante el exterior "
En un momento en el que la actuación de las empresas españolas en el exterior está en el punto de mira y ante el enorme
peso que tiene su internacionalización en la economía doméstica, representando un 42% del PIB, es clave que el impacto de la inversión española en el extranjero sea positivo. Con ello se contribuye a crear crecimiento económico sostenible, a reducir la pobreza y a respetar los derechos humanos. Esta es la principal conclusión del nuevo informe de Intermón Oxfam “La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable” presentado hoy.
El documento, que analiza el rol del sector privado español en el extranjero, principalmente el del sector agroalimentario, resalta que para que este impacto sea positivo, las empresas han de regirse por principios responsables, salvaguardando las comunidades allí en donde operan.El Gobierno ha de ser sólido garante de que las empresas españolas no vulneran los derechos humanos y la ciudadanía debe movilizarse y pedir cambios en prácticas y políticas al sector privado optando también por otras formas de consumo como el comercio justo. Sin embargo, el informe constata que el sector privado español en el extranjero debe mejorar este impacto ante las malas prácticas detectadas en distintas compañías.
“En un contexto de crisis, es comprensible que se impulse la salida de las compañías a terceros países, pero esta internacionalización no debe hacerse a cualquier precio: no en perjuicio de las personas, de las comunidades y de la vulneración de sus derechos. Con una inversión responsable ganamos todos: la empresa será mejor valorada y con ello aumentarán sus ventas; el Gobierno obtendrá la mejor carta de presentación de España ante el exterior “, explica el director del departamento de Campañas y Ciudadanía, Jaime Atienza.
“Para las comunidades rurales –continúa Atienza- será un auténtico motor de cambio que creará empleo de calidad, traerá tecnología y conocimiento, en definitiva, contribuirá a reducir la pobreza, y para los ciudadanos será garantía de que los productos que consumen contribuyen a un sistema alimentario más justo”.
Internacionalización, no a cualquier precio
A pesar de que hay casos de inversión responsable, como la iniciativa M-PESA que Vodafone ha llevado a cabo en Kenia con un
servicio bancario por telefonía móvil que ha beneficiado a más de 9 millones de hombres y mujeres, la investigación detalla distintos estudios de caso en las que las prácticas empresariales han de mejorar. En Latinoamérica, la compañía española Pescanova, la primera proveedora de pescado del mundo, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por prácticas laborales abusivas.
Según el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nicaragua, los trabajadores de esta filial están obligados a cumplir jornadas de 12 horas sin descanso semanal, las condiciones de salubridad son malas y la empresa ha limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse.
Asimismo, desde que Hidralia llegó al municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas para construir una hidroeléctrica, está ocasionando grandes conflictos en las comunidades, ya que no tuvo en cuenta los resultados de una consulta comunitaria previa que rechazaba la inversión. La imposición de la hidroeléctrica y la insuficiente información y consulta a las poblaciones inició un conflicto que aún persiste y que ha dejado un balance de dos personas muertas, más de 30 órdenes de captura y la orden de un estado de sitio, medidas desmesuradas según ha calificado el Alto Comisionado de las NN. UU.
Ante estas malas prácticas, el informe recomienda, entre otras acciones, que las empresas realicen sus inversiones con la premisa de que su actividad sea un valor añadido también para las comunidades rurales, los pequeños agricultores y el medio ambiente. Las compañías deben de prever las repercusiones sociales y medioambientales que su actividad puede ocasionar a lo largo de toda su actividad, y ser transparentes señalando dónde y cómo producen, y poniendo en marcha políticas específicas de mujeres.
El informe también detalla la actuación que la empresa arrocera Ebro Foods está llevando a cabo en Marruecos. En lugar de ser un motor económico, las comunidades se quejan de que ha sido una fuente de problemas. Ebro Foods se ha beneficiado de mano de obra barata, tierras y agua, sin que a cambio haya capacitado a los agricultores ni haya invertido en sus instalaciones. Además, el alto uso de fertilizantes ha contaminado las aguas. Otro ejemplo claro de vulneración de derechos ocurre en Guinea Bissau con otra empresa arrocera: Agrogeba. Con su llegada en 2010 al país, más de 600 personas fueron expulsadas de sus tierras, sin recibir compensación alguna, teniendo que huir y buscar nuevas tierras donde vivir.
El inicio de una nueva era
“Ante este escenario es importante que el Estado español sea un sólido garante de los derechos frente a la actuación de las empresas, dentro y fuera de nuestras fronteras, si quiere que contribuyan positivamente a la Marca España. Las empresas que inviertan bien, con prácticas sostenibles y políticas de protección de los derechos humanos serán las mejores embajadoras de la imagen española”, señala Atienza
En este sentido, los nuevos marcos normativos tanto en el ámbito internacional, como comunitario y nacional brindan una excelente oportunidad para que la inversión privada tenga un impacto positivo. Desde 2011 los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por unanimidad en las Naciones Unidas, marcan un hito al señalar expresamente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
La futura Directiva sobre Reportes no Financieros de la Unión Europea reforzará esa responsabilidad obligando a las grandes empresas europeas que den cuenta anualmente de sus impactos en derechos. Tras la tragedia de la fábrica textil de Bangladesh, del pasado mes de abril, la Unión Europea dio un paso más en el compromiso con los derechos humanos con distintas Resoluciones del Parlamento europeo, en donde se pide mayor implicación a los servicios exteriores de la Unión con los derechos humanos.
España está elaborando actualmente el Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos que introducirá los Principios Rectores de Naciones Unidas en nuestro país. Se espera que el Plan esté finalizado en otoño de 2013. Según Atienza, “el Plan debería situar los derechos humanos en un lugar preferente dentro de las estrategias de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. También debería contener medidas específicas para su efectiva aplicación tanto en España, por actores públicos, y fuera de ella (embajadas y oficinas comerciales), así como evaluaciones periódicas de su grado de cumplimiento”.
“Con ello se garantizaría que el dinero de los ciudadanos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, no contribuyen a la violación de los derechos humanos. Cambiar las prácticas de las empresas es importante ahora más que nunca -continúa Atienza- teniendo en cuenta la política de incentivos a la internacionalización del Gobierno español”.
España ha hecho de esta internacionalización el eje fundamental de su política de Gobierno, y de la diplomacia económica un objetivo prioritario de su política exterior. Y ese apoyo no ha quedado en meras palabras. De las arcas públicas se han destinado 4.215 millones de euros en 2013, lo que representa casi tres veces el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo.
Sin embargo, el apoyo a la internacionalización no ha ido acompañado de procesos de seguimiento ni de evaluaciones de impacto real. Uno de los ejemplos recientes de esta laguna se percibe en los distintos créditos otorgados a Pescanova a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES). El último de ellos, de junio de 2012, por valor de 10 millones de euros, se destinó a la filial de Pescanova en Nicaragua, a pesar de los innumerables casos de malas prácticas que ya eran públicos para entonces. “Permitiéndolo, el Gobierno español está contribuyendo y agravando las vulneraciones de derechos humanos”, asegura Atienza
Consumidor activo, esencial para el cambio
Según el informe, los consumidores se perfilan como otro de los actores fundamentales para no permitir abusos. “Los ciudadanos quieren empresas social y medioambientalmente respetuosas, que no vulneren los derechos humanos y están dispuestos a pagar más por productos elaborados en condiciones que favorezcan a sus trabajadores, al medio ambiente y a los pequeños agricultores”, concluye Atienza.
Para conseguirlo, el informe anima a los ciudadanos a cambiar su forma de comprar alimentos y a consumir productos de comercio justo, como herramienta eficaz de desarrollo. Asimismo, les alienta a participar en acciones de movilización que exijan a las empresas mayor transparencia y rigor en su compromiso con los derechos humanos y al Gobierno que ejerza su rol regulador.
